Mariana Morales y Laura Islas
Imágenes: Damián Sánchez
Frontera Sur, México.-En julio de 2024, comunidades enteras de la Sierra del sureste de Chiapas fueron arrasadas por una guerra entre cárteles que desplazó a miles de personas y dejó un número aún indeterminado de muertos y desaparecidos. Documentos confidenciales de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), obtenidos por Chiapas Crímenes sin Resolver, a través de Guacamaya Leaks, muestran que el Gobierno federal y estatal sabían al menos dos años antes qué grupos criminales se disputarían el territorio y en qué municipios, pero no actuaron para evitarlo.
De acuerdo con los archivos, fechados en enero de 2022, el Ejército había mapeado quiénes integraban el grupo criminal que dominaban en este estado, incluyendo los grupos locales, y en qué municipios estaban. También sabían quién eran el grupo criminal, y sus aliados quienes querían entrar para sacar al grupo que ya estaba, para luego estos dominar.
En ese momento, el Gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador y el estatal, dirigido por Rutilio Escandón (MORENA), tenían esta información, así como las rutas por tierra, mar y aire. Sin embargo, no se desplegaron operativos preventivos ni programas de protección civil para las poblaciones vulnerables.
“En fechas recientes se ha registrado una disputa interna por el control de actividades ilícitas, entre células y posiblemente el Cártel , generando un riesgo de confrontaciones armadas en la región de Frontera Comalapa, Chiapas”, se alertaba en los documentos de la Secretaría.
Lo que para los militares eran mapas, cédulas y organigramas criminales, en la Sierra de Chiapas se convirtió en noches de fuego y días de huida. Las carreteras se volvieron corredores de terror donde familias enteras caminaron con lo puesto, dejando atrás casas, animales, cosechas y malos recuerdos.
Mira aquí la infografía de esta guerra anunciada.
Las víctimas desplazadas de la guerra
El Gobierno Mexicano no tiene una cifra de cuántas personas fueron desplazadas de Chiapas a Guatemala. Algunas organizaciones calculan que en este desplazamiento, cruzaron la frontera al menos 600 personas.
Samanta (nombre ficticio) escuchó cómo las balas atravesaban el techo de lámina de su casa en la localidad Barra de San José, municipio de Amatenango de la Frontera, en México. Era una mañana de julio de 2024. Junto a su esposo e hijos intentó cubrirse, pero los sicarios ya habían entrado.
Le robaron el dinero de su pequeña tienda de abarrotes y le dieron dos horas para abandonar el pueblo. Con lo que llevaba puesto, la familia atravesó la sierra hasta llegar a Guatemala. No recuerda cuánto tardaron en llegar, sólo corrían entre el monte, relató.
Ya en Guatemala encontraron un lugar donde se refugiaron. Era la escuela primaria de Ampliación Nueva Reforma, en la que descubrieron que no eran los únicos: decenas de familias de Chiapas habían huido del mismo infierno.
Estos refugiados no estaban tan lejos como hubiesen querido de esta guerra que apenas empezaba. La disputa de los grupos criminales se había intensificado en los últimos meses y ya había cruzado la frontera hasta Guatemala.
“Hace un mes y medio, una bomba cayó en mi milpa y destruyó todo, yo vivo a 20 minutos de la línea divisoria de México con Guatemala”, lamentó un habitante guatemalteco, mientras soldados de ese país vigilaban los albergues.
Raúl: desde la frontera
En una primaria convertida en albergue en la localidad Ampliación Nueva Reforma, Guatemala, a pocos minutos de la ciudad homónima, las familias desplazadas por la narco violencia proveniente del municipio de Amatenango de la Frontera se mostraban preocupadas. Raúl era uno de ellos.
Era un hombre de unos 70 años, moreno, delgado y de estatura media. Durante toda la entrevista con Chiapas Crímenes Sin Resolver, se tocaba las manos y agitaba su reloj, mostrando nerviosismo. Se encontraba parado sobre una montaña de tierra desde donde podía mirar México, el país donde había dejado su hogar.
Al llegar al albergue, Raúl llevaba puesta una gorra negra que le cubría la mitad de la frente, una playera rosa, pantalón café, tenis blancos y una pequeña mochila que le había entregado la organización Médicos del Mundo. Aquella mañana se situó detrás de un carro de la policía de Huehuetenango y comenzó a relatar cómo se habían sentido las personas tras el desplazamiento.
“Estaban llorando por lo mismo: dejaron animales, puercos, algunos tenían vacas. Estaban tristes, y otros sentían pena de regresar, pero decían que volverían cuando se controlara la situación. Pasar las noches en el albergue era complicado, no era lo mismo que estar en casa”, contó.
Luego narró cómo se habían desplazado: “Cuando vimos el bombardeo, las bombas, las balas en San José, cerca del barrio México Nuevo, sabíamos que estaban entrando a las casas a agarrar adolescentes, y tratamos de aislarlos. Aquí se quedó la gente más adulta, pero luego vimos que todos habían salido. Dejamos todo tirado y no pudimos recoger nada”, dijo.
Una guerra anunciada
Las historias de Samanta y Raúl es apenas dos entre miles. La diferencia es que, según los documentos de SEDENA, esta guerra no tomó por sorpresa al Estado mexicano: había sido anticipada con nombres, apellidos y coordenadas exactas.
Pese a ello, no hubo medidas de prevención, ni alertas públicas, ni protección para las comunidades. Hoy, a un año de los hechos, cientos de familias siguen desplazadas y el conflicto se ha extendido hasta la frontera con Guatemala.
Esta es la primera entrega de una serie periodística de investigación, en la que no pretendemos visibilizar o culpar a algún grupo criminal, pero sí mostrar quiénes son las víctimas de la guerra en Chiapas y cómo se llegó a esto. Por ello, en la próxima entrega: Los papeles secretos de Chiapas: los grupos y células en Chiapas que el Ejército tenía fichados.
